El consejero Juan Hernández firma un convenio con el alcalde Joaquín Buendía por el que el municipio se adhiere al Plan Regional de Lucha contra la Economía Irregular

El consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández, y el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, han firmado en el salón de actos de ASEPIO (Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste), un convenio de colaboración en materia de lucha contra la Economía Irregular, que busca favorecer y establecer vías de comunicación recíprocas entre las administraciones estatal, autonómica y local para la detección de actividades no declaradas con ánimo defraudatorio. En la firma han estado presentes diversos empresarios del municipio, no solo del Polígono Industrial Oeste, que estuvo representado por el presidente de la Entidad de Conservación (ENDECO) y secretario de ASEPIO, Francisco Cabrera. En el mismo también estuvo presente Leopoldo Navarro, director general de Relaciones Laborales y Economía Social.

El Ayuntamiento de Alcantarilla se ha adherido hoy al Plan Regional de Lucha contra la Economía Irregular, que tiene como objetivo mejorar la calidad en el trabajo y en la protección de los derechos sociales y laborales de los trabajadores, así como que las empresas cumplan con la fiscalidad en materia de empleo.

Así, el Ayuntamiento colaborará en el tratamiento y revisión de información sobre actividades económicas y profesionales irregulares que se estén realizando o se puedan realizar en el municipio.

“La economía sumergida, además de incumplir la ley, pone en peligro el mantenimiento del Estado de bienestar porque vulnera el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, por tanto, debemos hacer todos los esfuerzos por erradicarla persiguiendo estas prácticas que generan fraude”, explicó Juan Hernández.

El plan de actuación contra la economía irregular implica a la Comunidad, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, empresarios y sindicatos. “Solo actuando en colaboración es posible evitar que aquellos que pretenden incumplir la normativa lo consigan”, aseveró el consejero.

El titular de Desarrollo Económico destacó que “la participación de los ayuntamientos es esencial”, ya que “son los primeros en tener conocimiento de cualquier movimiento que se produce en la actividad empresarial, tanto de personas jurídicas como físicas”. Añadió que, “además, la información de que disponen, unida a la que tiene la Agencia Tributaria y la Consejería de Hacienda y Administración Pública, dan un fiel reflejo de cualquier movimiento en la actividad económica regional”. Asimismo, Hernández remarcó que “la gestión coordinada de los datos recibidos es lo que hace que la actividad inspectora sea eficaz y consiga sus objetivos”.

Para el Alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, “el trabajo no declarado perjudica gravemente a los trabajadores, que pierden todas sus garantías laborales y derechos sociales, así como a la gran mayoría de las empresas que actúan en el marco de la legalidad. Además, esta práctica dificulta la recuperación económica de Alcantarilla y también de nuestra Región. La lucha contra la economía irregular constituye, por tanto una de las prioridades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla al considera necesario avanzar en el intercambio de información para colaborar en hacerla más efectiva. El Ayuntamiento de Alcantarilla colaborará con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, así como la Dirección General de Relaciones laborales y Economía Social, competente en materia de trabajo en el tratamiento y revisión de información sobre actividades económicas y profesionales que se estén realizando o se puedan estar realizando en este término municipal”.

Varios son ya los ayuntamientos de nuestra Región forman parte ya de este plan, que está incluido en la Estrategia para la Creación de Empleo de la Región de Murcia, y que pretende potenciar la colaboración entre la Comunidad y los consistorios, con la finalidad de que estos remitan datos sobre los que se puedan investigar los casos sospechosos de economía sumergida.